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Desecha congreso solicitud de juicio político en contra de edil de Tlaxcala
La diputada Patricia Jaramillo García, presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 198 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, con el objetivo de sancionar con tres meses y hasta tres años de prisión a la persona que abandone a un adulto mayor incapaz de valerse por sí mismo.
En la iniciativa que se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia del Congreso del Estado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, Jaramillo García expuso que esta sanción se aplicará únicamente a la persona que tenga la obligación de cuidar al adulto mayor, ya que el abandono de éstos es un evidente problema social.
En la vigésima sesión ordinaria celebrada este jueves, dijo que las sanciones para quienes abandonen a los adultos mayores se hacen necesarias porque en México, cada día 850  personas cumplen 60 años, e incluso, tres de cada cinco personas de ese grupo social sufren violencia dentro de la familia, algunos otros son víctimas de maltrato, ataques psicológicos, insultos y robo de su patrimonio.
En otro punto abordado en la sesión de este jueves, por mayoría de votos, los Diputados Locales avalaron el acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, por el que se desecha, por notoriamente improcedente, la solicitud de suspensión y/o revocación de mandato que presentó -el tres de octubre de este año- Esperanza Minor Sánchez, en contra de Anabell Ávalos Zempoalteca y de Héctor Martínez García, en su carácter de presidente y síndico, respectivamente, del municipio de Tlaxcala.
La petición se dio luego de que en 1999, la entonces autoridad del municipio de Tlaxcala, la despojó del bien inmueble denominado “El Potrero”, ubicado en la comunidad de San Gabriel Cuauhtla, y pese a no tener título legal de propiedad, el ayuntamiento construyó un espacio deportivo, instaló juegos infantiles y la “Casa del Abuelo”.
Sin embargo, los Legisladores consideraron que tras analizar la petición, no existen elementos para iniciar un procedimiento en contra de la alcaldesa ni el síndico de aquella demarcación.

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